COLEGIOS DEL DISTRITO ALERTAN DEL COLAPSO POR LOS RECORTES

Escuelas de Cerro, Amate o Tres Barrios se unen contra unos ajustes “más dañinos” para un alumnado en riesgo de exclusión.

Daniel Cela. elcorreoweb.es

Todo el distrito escolar de Cerro-Amate de Sevilla, que agrupa a barrios obreros donde la herida del paro está más abierta y donde la tasa de fracaso escolar es más profunda, ha empezado a elevar el tono de alarma por los recortes educativos que amenazan al sistema. La iniciativa ha surgido de las escuelas públicas que atienden a gran parte del alumnado de Los Pajaritos, La Candelaria, Madre de Dios, Rochelambert, Pablo VI, Su Eminencia, Amate, El Cerro, Juan XXIII y La Negrilla. Los profesores y familias de alumnos han empezado a movilizarse para denunciar que los ajustes previstos en educación “pueden acrecentar el riesgo de exclusión social” si se aplican de forma “homogénea”, es decir, si la administración no busca fórmulas para que el ahorro en recursos y personal no afecte a las escuelas que atienden a niños con dificultades educativas especiales.
Los directores de 13 colegios e institutos públicos del distrito siete, donde estudian alrededor de 6.000 alumnos de diez barrios, han consensuado un calendario coordinado de protestas que arrancó esta semana y continuará hasta fin de curso. Todos lucen ahora una enorme pancarta en sus fachadas contra los recortes. Cada lunes, miércoles y viernes, simultáneamente, la plantilla de profesores se concentra durante 15 minutos frente a las puertas de su centro, antes de empezar las clases. Los maestros -y en algunos casos los estudiantes y las madres y abuelos que les llevan a clase- visten camisetas verdes. Han querido adoptar el color que simbolizó el rechazo de la comunidad educativa de Madrid a los recortes aprobados por el Gobierno regional el curso pasado.
En este movimiento de protesta participan 11 colegios de Infantil y Primaria y dos institutos de Secundaria: el Juan de la Cueva; el Jorge Juan y Antonio de Ulloa; el Candelaria; el Victoria Díez; el Juan XXIII; el Valeriano Bécquer; el San José de Palmete; el Adriano del Valle; el Emilio Prados; el Pablo VI y el Paulo Orosio, y los institutos Santa Aurelia y Diamantino García Acosta.
Algunas de estas escuelas distan varios kilómetros unas de otras, sin embargo el colectivo de maestros que educa en este distrito es muy compacto y está muy organizado. Los claustros comparten una especie de sentimiento cooperativo porque los problemas educativos a los que se enfrentan son comunes. La zona padece una tasa de paro próxima al 40%, superior a la media de Sevilla (28,5%), según datos de la EPA. Muchos hogares viven con un sueldo inferior a mil euros y los colegios concentran un alto número de alumnos inmigrantes y de etnia gitana.
El contexto socioeconómico es determinante en el rendimiento académico de los niños. La mitad de las escuelas de estos barrios son centros de educación compensatoria, reforzados con más recursos y personal para atender a un alumnado en situación de desventaja social. “Aquí los maestros están muy implicados. Muchos hemos reciclado el material escolar de nuestros hijos para dárselo a los alumnos, por eso las familias se han concienciado rápido contra los recortes”, dice Mari Paz Medina, directora del Emilio Prados. “Si se reduce el número de sustituciones, el profesorado de apoyo y refuerzo tendrá que dedicarse a cubrir esas bajas y no se podrá ofrecer esta ayuda a los alumnos que lo necesitan”, explica María Eugenia Sánchez, directora del Paulo Orosio.
En Andalucía, la Junta ha preferido comprometer otros gastos para que el impacto del ajuste en educación sea menor. Por ejemplo, será la única región que no aplique la subida de la ratio de alumnos por aula. Pero la Consejería de Educación no podrá mantenerse totalmente ajena a los recortes, y pronto se sentará con los sindicatos a debatir, por primera vez, qué recursos en la escuela son prioritarios y cuáles prescindibles. Los sindicatos anteponen el empleo (que no se reduzca personal) y las nóminas. Parte del profesorado ha empezado a defender públicamente que se sacrifiquen planes educativos antes que reducirles el sueldo (eliminar la gratuidad de ordenadores o elevar el coste del comedor escolar y las actividades extraescolares). La Junta asegura que no retirará profesores de apoyo, “esenciales” para el trabajo que se hace en barrios como estos.

 

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